Ámbito.
El planteo del presidente electo Javier Milei de terminar con la obra pública e interrumpir los contratos vigentes trajo una reacción inmediata por parte de las empresas del sector. Como anticipó ayer este medio, se está llevando a cabo un replanteo de las estructuras que incluye despidos. La información fue confirmada por el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss, en declaraciones a Radio 10. Además, Ámbito pudo constatar el primer caso: la concesionaria Concret Nor cursó 88 despidos en las últimas horas.
Se viene un verano difícil para las empresas de la construcción que trabajan con la obra pública. La incertidumbre se acelera ante la falta de definiciones y versiones cruzadas. Guillermo Ferraro, que se supone será el próximo ministro de Infraestructura, les había garantizado a los concesionarios que se respetarán los contratos vigentes, pero en las últimas horas Milei lo descartó: “Que se arreglen los privados o lo financien los municipios”, dijo.
Con un complejo escenario por delante, las constructoras empezaron a tomar decisiones: “Ya hay telegramas de despido en empresas ligadas a la obra pública”, dijo Gustavo Weiss, presidente de CAMARCO. En ese sentido, anticipó que “si las obras se paran, como dice Milei, y vuelven a licitarse, se quedarán en la calle miles de empleados y muchas empresas quedarán complicadas”.
Ámbito pudo confirmar un caso específico. Se trata de la firma Concret Nor que cursó 88 despidos en las últimas horas por las perspectivas adversas para los próximos meses. Es que al margen de que difícilmente aparezcan nuevas obras en el horizonte, las empresas saben que tienen un rezago mínimo de 60 días para cobrar por su trabajo, por lo que descuentan dificultades para hacerse de ese dinero.
En estricto off, otras dos empresas reconocieron en diálogo con este medio desvinculaciones de más de 100 empleados. De vuelta, el motivo que esgrimen es la imposibilidad de proyectar hacia adelante y de cobrar los trabajos que ya realizaron.
En el panorama tampoco está claro qué sucederá con las obras que ejecutan los gobiernos provinciales, amenazados de perder las transferencias, y menos aún qué pasará con aquellas que son financiadas vía créditos de organismos multilaterales. “Si no nos pagan, no podemos mantener a los trabajadores”, sintetizó, en diálogo con Ámbito, el dueño de una firma que emplea a más de mil personas. En esa línea, sostuvo que “todas las posibilidades están abiertas”.
La constante alusión del presidente electo al sistema que rige en Chile, no ayuda a despejar las dudas. El presupuesto 2024 del país vecino prevé una inversión de 4,1% del PBI en la materia, algo que suena bastante incompatible con el “plan motosierra”. Además, un informe del Consejo de Políticas de Infraestructura, demuestra que desde 2005 a la fecha el rol del Estado fue siempre más importante que el de los privados a la hora de financiar las iniciativas, incluso alcanzó en varios años el 90% del total.
La construcción es un sector clave para el empleo. Se desempeñan en el rubro unas 500.000 personas de forma directa, de las cuales 250.000 están abocadas a empresas privadas que operan en la obra pública. La cifra sería muchísimo más elevada aún si se tomaran en cuenta los puestos de trabajo indirectos. Los empleadores ya están en alerta.
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