Forbes.
En Argentina, en promedio, la mitad del precio de venta de cualquier producto, ya sea una golosina o una botella de agua en un kiosko, indumentaria o calzado en un shopping o un local del Once, un medicamento en una farmacia y hasta un auto en una concesionaria, se lo lleva el Estado en sus tres niveles, nacional, provincial y municipal. Algunos bienes o servicios, incluso pueden llegar a tributar algunos puntos por encima del 50%.
Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023 el Gobierno sostiene que su objetivo es eliminar regulaciones y trabas a la producción y la comercialización y reducir la carga impositiva, unas de las altas del mundo. Sin embargo, las restricciones de caja impidieron, según la visión oficial, avanzar fuerte en este sentido hasta el momento.
La relativa estabilidad cambiaria que vive el país desde agosto pasado, sumada a la fuerte baja del riesgo país a niveles de 750 puntos básicos y el dinamismo dispar a distintas velocidades en determinados sectores económicos ponen al tope de la agenda para 2025 la cuestión de la competitividad.
No hubo evento empresarial en los últimos meses en el que los hombres y mujeres de negocios no se quejaran -a veces incluso con vehemencia- por el impacto de los impuestos en la operatoria y el lastre que significa la carga tributaria para la competitividad sectorial.
Incluso para el Gobierno éste es el gran tema de 2025. La cuestión es cómo ir desarmando la maraña de impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales, que llegan a la friolera de 165, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
Mapa impositivo
Un reciente estudio del IARAF define tres perfiles de consumidores y analiza los impuestos que paga cada uno de ellos. El perfil 1 es una persona que con lo que percibe por su trabajo consume alimentos y bebidas, utiliza servicios públicos, paga un servicio de internet y plataformas de streaming, abonando en total 11 impuestos nacionales, 5 provinciales y 6 tasas municipales, 22 en total.
El perfil 2 le suma impuestos por ser propietario de su vivienda y un auto, además de seguros, al tiempo que hace algún gasto por salidas (recitales, cine) y también compra dólares para atesoramiento. Entre los tres niveles de gobierno abona 37 impuestos o tasas (16 nacionales, 7 provinciales y 14 municipales).
El perfil 3 suma a los consumos anteriores un vuelo de cabotaje con fines laborales, un viaje al exterior por vacaciones y el cambio anual del auto por un 0km, superando además entre casa y auto el mínimo no imponible de Bienes Personales. Paga 27 impuestos nacionales, 7 provinciales y 14 municipales, 48 en total.
"Si bien este estudio no analiza la carga tributaria que recae sobre los distintos perfiles de personas, el hecho que 10 tributos concentren el 92% de la recaudación, (según el Vademécum tributario de IARAF 2024), permite inferir que el entramado tributario argentino presenta una complejidad excesiva, la cual puede generar altos costos de administración a los distintos actores económicos, incluido el propio fisco", concluye el informe del IARAF.
En el sector productivo, el impacto de los impuestos recae directamente en la estructura de costos y la rentabilidad del negocio.
El economista Diego Coatz, director Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA), sostiene que "el sistema tributario argentino tiene un problema de diseño".
Durante su presentación en la 30° Conferencia Industrial que tuvo lugar el pasado 26 de noviembre, Coatz aseguró que la presión tributaria sobre el PBI es de 29 puntos, la más alta de América latina salvo Brasil y por debajo del promedio de los países de la OCDE. Pero el dato es que "la presión impositiva sobre el sector formal es mucho más alta, del 52% del PIB".
Sin embargo, aclaró que al margen de los impuestos que se pagan, hay un problema con los saldos acumulados de IVA al que exporta, el impuesto PAIS y en Ingresos Brutos también se acumulan saldos en contra de las empresas.
Impacto letal
Desde el sector industrial hay consenso en que los impuestos más distorsivos y por tanto, perniciosos para la producción, son Ingresos Brutos, "un impuesto en cascada, que se cobra en cada etapa de la cadena" y el impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, comúnmente denominado impuesto al cheque.
Desde el sector agropecuario el principal "objeto del deseo" es la eliminación de los derechos de exportación o retenciones. Se pusieron como algo excepcional y temporario en 2002 y nunca más se fueron. Hoy pagan retenciones del 33% la exportación de granos de soja y del 31% los derivados (harina, aceite, pellets), del 12% el trigo y el maíz, del 7% el girasol, el 6,75% la carne vacuna y hasta el 4,5% los autos y autopartes.
Consultado sobre qué impuesto podría bajarse o eliminarse en primer término, dada la voluntad manifiesta del Gobierno en este sentido, el tributarista Sebastián Domínguez consideró que el primer paso debiera ser el impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, pero "cualquier cosa que uno toca, tiene costo fiscal y para el Gobierno la política fiscal es un pilar de la gestión".
Domínguez explicó que el impuesto al cheque (1,2% del monto operado) representa un 10% de la recaudación y va íntegramente a la ANSeS, "es bastante distorsivo y hay que eliminarlo o permitir el pago a cuenta de Ganancias u otros impuestos nacionales", pero siempre observando el costo fiscal de la medida.
Una buena noticia es que tras la reducción de 10 puntos del Impuesto PAIS para bienes y servicios importados en septiembre, el próximo 23 de diciembre se termina definitivamente el tributo y el Gobierno ya anunció que no lo prorrogará. Hoy rige el 7,5% para bienes importados y 30% para consumos en dólares con tarjeta de crédito o compra de divisas para atesoramiento.
"Es un tema complejo, el Impuesto PAIS no es el más importante en la recaudación, pero justifica el superávit fiscal de estos meses", consideró el tributarista. Y aclara que el Gobierno "espera compensarlo con la restitución de Ganancias a los empleados y el Impuesto a los Combustibles (ya se actualizaron todas las prórrogas que hizo el gobierno anterior).
Para la baja de retenciones habrá que esperar, dado el peso que tienen en la recaudación total, pese al insistente reclamo de productores y agroexportadores. A lo sumo, podría haber reducción casi testimonial de alguna alícuota, como para mostrar el camino que vendrá, pero nada confirmado por el momento.
E Ingresos Brutos es un impuesto provincial "muy distorsivo", afirma Sebastián Domínguez. Para modificar eso, es necesario avanzar en una negociación que "no será fácil, porque las provincias hoy reciben menos adelantos de la Nación".
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