Ámbito.
El futuro llegó hace rato. Las empresas no esperarán a que los hechos se consumen. Por estas horas, firmas del sector industrial y la construcción ya replantean sus estructuras de cara al nuevo escenario. La idea del presidente electo Javier Milei de terminar con la obra pública abre interrogantes en los concesionarios que tienen aún contratos vigentes. Los pagos de importaciones que están virtualmente frenados, una merma en la demanda y la apertura comercial plantean un escenario difícil para los manufactureros.
Son horas convulsionadas en el mundo de los negocios. Todos anticipan que el giro en la política económica será muy pronunciado y que habrá que adaptarse a las condiciones que se vienen. Ámbito pudo dar cuenta de decenas de reuniones de directorio en firmas de distinto calibre para recalcular sus ecuaciones. Los sectores que deberán adoptar cambios con mayor celeridad son la industria y la construcción. Por el lado de los concesionarios, a esta altura la preocupación pasa, sobre todo, por lo que sucederá con los contratos vigentes. El futuro ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, le prometió a las empresas que se respetarán, pero en declaraciones radiales, Milei dijo que se suspenderán todas las iniciativas, sin excepción, incluso las que están en ejecución y señaló que "los privados deberán hacerse cargo" o los municipios buscarán la forma de encararlas.
Tampoco está claro qué sucederá con las obras que ejecutan los gobiernos provinciales, amenazados de perder las transferencias, y menos aún que pasará con aquellas que son financiadas vía créditos de organismos multilaterales. “Si no nos pagan, no podemos mantener a los trabajadores”, sintetizó, en diálogo con Ámbito, el dueño de una firma que emplea a más de mil personas. En esa línea, sostuvo que “todas las posibilidades están abiertas”.
La constante alusión del presidente electo al sistema que rige en Chile, no ayuda a despejar las dudas. El presupuesto 2024 del país vecino prevé una inversión de 4,1% del PBI en la materia, algo que suena bastante incompatible con el “plan motosierra”. Además, un informe del Consejo de Políticas de Infraestructura, demuestra que desde 2005 a la fecha el rol del Estado fue siempre más importante que el de los privados a la hora de financiar las iniciativas, incluso alcanzó en varios años el 90% del total.
¿Qué pasará con la industria?
Por el lado de la industria, en el corto plazo las mayores preocupaciones pasan por lo que sucederá con los pagos de importaciones, que se encuentran virtualmente frenados, y la deuda comercial, que ronda los u$s47.000 millones. Aunque en este último punto la mayor parte es entre filiales y casas matrices. En ese caso, el margen de negociación es mucho más amplio que cuando se trata de una PyME local con un proveedor extranjero.
En el mediano plazo, esperan otro tipo de señales para entender qué sucederá con dos variables fundamentales: la demanda interna y la apertura comercial. En el primer caso, las expectativas apuntan a una fuerte retracción producto del ajuste fiscal que el gobierno de La Libertad Avanza planea llevar adelante. En cuánto al segundo, Milei ya dijo que piensa avanzar en la liberalización total, algo que preocupa a los sectores sensibles.
En el entorno del libertario matizan la problemática señalando que en un comienzo el tipo de cambio será tan alto que funcionará como una protección incluso para los rubros menos competitivos. Este miércoles, la Cámara Argentina del Juguete fue la primera entre las industriales en lanzar una advertencia: la apertura debe estar acompañada por reformas previas.
“La industria argentina del juguete tiene las mismas capacidades productivas que las mejores fábricas del mundo, con tecnología de última generación y recursos humanos calificados para poder competir con cualquier país, pero en igualdad de condiciones”, dice el comunicado oficial. Al tiempo que resalta: “Actualmente el mercado está sobre ofertado de productos extranjeros de dudosa procedencia que no cumplen con las normas de seguridad, por lo que representan un peligro para la salud de nuestros niños”.
Para el economista especializado en desarrollo productivo Leandro Mora Alfonsín "es lógica la preocupación de las empresas ante la incertidumbre sobre la velocidad de una estabilización y si tendrá o no amortiguadores". En ese sentido, consideró que "por el lado de la demanda, una potencial recesión obliga a repensar planes de negocio" y que "en los proveedores de obra pública (materiales de construcción, pintura, servicios asociados) es lógico que declaraciones como las recientes generen zozobra".
En cuanto a los costos, tampoco se puede desatender el impacto de una nueva devaluación, que si bien en algunos segmentos ya fue descontado, implica siempre un impulso. "En la medida que haya mayor claridad y señales por parte del Presidente electo, habrá mayor claridad para tomar decisiones sobre planes de negocio y evaluar pasos a seguir", dijo el economista.
Tanto la industria como la construcción son dos sectores fundamentales para el empleo. En el primero trabajan hoy más de 1.200.000 personas y en el segundo unas 500.000 de forma directa, de las cuales 250.000 están abocadas a empresas privadas que operan en la obra pública. Los empleadores, ya están en alerta.
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