El Tribuno.
Entre junio de 2005 y septiembre de 2009, período en el que Raúl Alfredo Kalinsky se desempeñó como secretario de Planificación y Desarrollo del municipio capitalino, el macrocentro salteño tuvo una proliferación de edificaciones ilegales bajo las directivas que impuso desde su despacho. Así lo denunció hace 14 años la Red Solidaria de Ciudadanos en Defensa de sus Derechos (Red Sol). Luego de aquella presentación penal, Kalisnky acorraló con demandas civiles a la presidenta de la Red Sol, María Elena Jiménez, y a otras vecinas que lo habían señalado como ideólogo de dos comisiones que "se crearon para autorizar la construcción de más de 300 edificios en propiedad horizontal en el radio céntrico -violando los códigos y normas en vigencia- con el solo fin del negocio inmobiliario". Poco después de accionar con los reclamos indemnizatorios, el cuestionado funcionario de la gestión de Miguel Isa dejó el cargo a fines de 2009.
Los peritajes judiciales que se realizaron años después sobre edificaciones cuestionadas sacaron a relucir un sinnúmero de anomalías por las que la Fiscalía Penal en Transición, a cargo de Pablo Paz, pidió el pasado 4 de julio que Kalinsky y los exfuncionarios municipales Gustavo Adolfo Rodríguez, José Erasmo Pistán, Pablo Brandán Valy, Laura García de Leonarduzzi y Carlos Marcelo Cesano sean llevados a juicio por incumplimiento de deberes.
Deán Funes es una de las arterias con más edificios incluidos en la denuncia de 2009.
A fines de julio, Mónica Mukdsi, jueza de la Sala VI del Tribunal de Juicio, notificó a las defensas y al abogado querellante, John Grover Dorado, sobre la requisitoria fiscal de elevación. Ahora solo restaría la fijación de la fecha de la audiencia de debate para que esta causa, que ya lleva 14 años, tenga el primer veredicto judicial.
Con una ordenanza aprobada en 2012, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta contribuyó al blanqueo de decenas de edificios de altura que se construyeron entre 2005 y 2009, saltando normas, en el macrocentro de la capital.
En el requerimiento de elevación a juicio, del que recién el viernes último pudieron conocerse detalles, la Fiscalía atribuyó a Kalinsky responsabilidad penal por ocho hechos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, siete de ellos en grado de coautor y uno como autor. Paz, en concreto, concluyó que el exsecretario de Planeamiento y Desarrollo municipal favoreció a las empresas que construyeron los edificios de Vicente López 326; Deán Funes 521; Caseros 1850 - España 1845; General Güemes 420; Deán Funes 520; Alsina 171 y España 935 con excepciones que dictó en abierta contradicción con las ordenanzas que establecen los códigos de Edificación y Planeamiento, y haciendo uso de atribuciones que son propias del Concejo. Peritos designados por la Corte advirtieron que las obras de diversos edificios avanzaron, con excepciones y conductas negligentes, hasta alturas que se consideran inconcebibles en una ciudad con alto riesgo sísmico. También se comprobaron serios incumplimientos en las juntas sísmicas, estudios de impacto, los factores de ocupación establecidos por las normas vigentes (FOS y FOT), los retiros y las exigencias de disponibilidad cierta de servicios de agua y cloacas.
Otros acusados
Gustavo Rodríguez, quien fue director de Obras Particulares entre marzo de 2006 y octubre de 2008, enfrenta cargos por 14 hechos en grado de autor. La acusación se relaciona con los edificios que se construyeron saltando normas en Deán Funes 521; Pueyrredón 1.043; Ameghino 242; Córdoba 245; Almirante Brown 594 - Santiago del Estero y Pasaje Solá 390; Leguizamón 283; Buenos Aires esquina San Luis - Santa Fe 550; Sarmiento 499 esquina Leguizamón; Caseros 276; Virrey Toledo 863; Caseros 1850 - España 1.845; Santa Fe 159; General Güemes 420 y Deán Funes 585.
En enero de 2013, el Ejecutivo municipal completó el blanqueo con un decreto reglamentario que no alcanzó a salvar los desquicios. Más de un edificio quedó atado a la luz de obra y cientos de familias cayeron en una larga espera de catastros propios.
Según la Fiscalía, Rodríguez aprobó el inicio de esas obras "omitiendo el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa municipal", en materia de certificaciones ambientales y de factibilidad de servicios.
Con respecto a José Erasmo Pistán, el fiscal Paz concluyó que, durante el período en que se desempeñó como director de Obras Particulares, "omitió ilegalmente" hacer cumplimentar las mencionadas certificaciones en seis expedientes, como también las de uso conforme en dos de los casos. Enfrenta los cargos penales, en grado de autor, por las obras de los edificios de Ameghino 550; Corrientes y Pellegrini; Pueyrredón 956; Belgrano y 25 de Mayo; Adolfo Güemes 82 y Pueyrredón 1457.
A su vez Pablo Brandán Valy, quien también estuvo un tiempo al frente de la Dirección de Obras Particulares, deberá responder en el juicio por la aprobación irregular de las obras edilicias de Santiago del Estero 553 y Santa Fe 60.
Sobre Laura García de Leonarduzzi, en tanto, la Fiscalía afirmó que el 25 de noviembre de 2005, ejerciendo como directora de Obras Particulares, aprobó inicio de las obras del edificio de Alvarado 1474 ó 1467, "sin la presentación previa del certificado de factibilidad de servicios y de impacto ambiental", como tampoco el de "uso conforme", que correspondía en ese caso, por tratarse de un edificio destinado al comercio.
Miles de vecinos vieron agravadas las deficiencias en servicios básicos, con caídas de presión en el agua y obstrucciones cloacales. Los congestionamientos del tránsito muestran otra cara de la ciudad que creció en las alturas al margen de las normas.
Por último, adjudicó idéntica responsabilidad penal a Carlos Marcelo Cesano porque, siendo director de Obras Particulares, autorizó el inicio de los trabajos en el edificio de Juramento 37 "sin la cumplimentación del certificado ambiental y de factibilidad de servicios".
Estrago
"La construcción de edificios ilegales constituye un estrago. Se ocasionó un perjuicio colectivo de gran magnitud. Se levantó una ciudad nueva sobre redes viejas, destruyendo el sistema de distribución de agua corriente y de recolección de líquidos cloacales", insistió ayer la presidenta de la Red Sol, María Elena Jiménez.
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