Ámbito.
El orden macroeconómico, la eliminación de la inflación y el ajuste fiscal han pasado a ser parte del relato exigencia imperante. Es decir, la misma sociedad ha comenzado a comprender que la inflación es el peor de los impuestos, genera pobreza e impide el crecimiento del país. En este primer año de gestión, el gobierno del presidente Javier Milei ha cumplido con este importante objetivo. Partiendo de una situación crítica ha logrado estabilizar los principales indicadores. Claramente queda mucho por avanzar, pero entendemos que los primeros pasos van en la dirección correcta.
Dicho esto, es innegable que nuestro sector continúa atravesando una importante crisis. Si bien la construcción con capitales privados está marchando a un ritmo adecuado, impulsada por medidas como el blanqueo y el crédito hipotecario, la construcción de infraestructura pública está muy comprometida.
La obra privada ha sido el sostén del sector durante 2024. Las expectativas futuras son, además, positivas. La minería, el petróleo y el desarrollo inmobiliario serán fundamentales en el corto y mediano plazo. La normalización de la economía y herramientas como el RIGI o las nuevas hipotecas darán un impulso cierto a estas inversiones.
El panorama de la obra pública, en cambio, ha sido más duro. Durante el año no hemos podido resolver la deuda por obras ejecutadas por el gobierno anterior con las empresas constructoras. El freno a las obras que se estaban ejecutando hacia fines del año pasado aún continua y el traspaso de los contratos a las jurisdicciones provinciales viene con demora y sin fondos. Esta situación impactó de lleno en miles de pequeñas y empresas constructoras (las pymes son, en el sector, más del 90% de las empresas).
A la hora del balance anual, muchas empresas habrán sufrido no solo pérdidas económicas sino en su capital humano, que es el más difícil de recuperar. En términos globales, el sector ha perdido más de 120 mil puestos de trabajo, entre junio de 2023 y junio de 2024. Hay que decir, sin embargo, que la tendencia parece comenzar a revertirse ya que se registra un leve crecimiento de la mano de obra en los últimos 3 meses.
Diversos estudios internacionales afirman que sigue siendo el Estado (en sus distintos niveles) el principal constructor de infraestructura y que la inversión privada en este segmento apenas alcanza el 17% del total. Por tanto, en un país como Argentina -donde la brecha de infraestructura es inmensa- la ausencia del Estado resulta problemática.
En esta línea, el Presupuesto 2025 asigna apenas un 0,7% del PBI a infraestructura. Solo para mantener lo ya construido los países han de destinar alrededor del 3% del PBI. Particularmente debemos subrayar la necesidad de repensar un plan de trabajo respecto del mantenimiento. La falta del cuidado de la infraestructura existente generará pérdida de competitividad, mayores costos y accidentes.
Coincidentemente con la nueva gestión, la Cámara Argentina de la Construcción desarrolló durante todo el año un ciclo de eventos bajo el lema “Constructores de diálogo”. La idea está en línea con lo que creemos que debemos sostener institucionalmente: crear los espacios donde el Estado y el sector privado puedan trabajar mancomunadamente para el desarrollo del país.
No podemos sino celebrar que el país pueda ordenar sus cuentas. La claridad en las condiciones y normativas atraerá la inversión extranjera, que es condición para el crecimiento. La industria de la construcción está preparada para poder responder a la demanda de trabajo para las obras que el país necesita.
Presidente Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO).
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