Ámbito.
Al momento del cambio de gestión, en diciembre del año pasado el Gobierno nacional tenía bajo su órbita un total de 2.308 obras en ejecución a lo largo del país, las cuales representaban una inversión de casi $310.000 millones. En ese entonces, salvo las que estaban en un avanzado estado de ejecución, la gran mayoría ha quedado paralizada.
Y la realidad es que, aunque ya se firmaron 20 convenios con gobernadores para el traspaso de los proyectos al ámbito provincial, tanto empresas como funcionarios de los distintos distritos consultados dicen que la situación con respecto a la ejecución de obras no se ha modificado.
De hecho, según señaló a Ámbito el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss, “este año está perdido”. “Todo sigue igual, no hay nada”, señaló el empresario ante la consulta de si los convenios provinciales firmados hasta acá habían logrado destrabar la situación de parálisis.
“Para empezar de nuevo, como mínimo el Gobierno tiene que poner unos $400.000 millones (que son los pagos pendientes) y estar dispuestos a poner como mínimo otros $400.000 millones más para retomar”, dijo Weiss al describir el escenario.
Según indica un informe del ex Ministerio de Obras Públicas, la mayor cantidad de obras está en la provincia de Buenos Aires, con 899 proyectos en ejecución. La segunda es Córdoba con 197, tercera Entre Ríos con 148 y cuarta está Santa Fe con 144 proyectos.
Al llegar al poder, en el marco de las políticas para obtener superávit fiscal, el presidente Javier Milei decidió dejar de financiar la inversión. La mayor parte de los proyectos se estaban llevando adelante mediante convenios con las provincias. Éstas presentaban la obra, y en general el Gobierno nacional ponía el financiamiento. Estas obras son las que ahora se han estado negociando con los gobernadores para que las continúen ellos con sus propios presupuestos.
Provincias recurren a otros financiamientos
Al inicio de la nueva gestión libertaria, los mandatarios provinciales pidieron al Gobierno central que les permitiera acudir directamente a financiamiento de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial (BM) para continuar. Otros distritos tratan de seguir con sus propios recursos presupuestarios. Pero la realidad es que este año es probable que no cambie nada y haya que esperar al 2025. De los acuerdos firmados, la mayoría transfirió el gasto pero no el dinero.
Weiss explicó que las obras de financiamiento nacional que siguen adelante en el país son muy pocas. “En las provincias grandes se ha seguido con aquellas que originariamente estaban proyectadas con recursos propios sin convenios con la Nación”, indicó.
De las obras frenadas actualmente, hay en Conectividad e Infraestructura Vial unas 514, en Gestión Integrada del Recurso Hídrico, unas 1.031, y en Infraestructura Urbana, Rural y del Cuidado unas 763, según datos del ex ministerio de Obras Públicas.
De acuerdo con información de la Oficina de presupuesto del Congreso (OPC), en el primer semestre, la inversión real directa se contrajo en un 83,9% a raíz de la reducción de las erogaciones por parte de la Dirección Nacional de Vialidad (-93,3%) y la reducción de las obras de desarrollo de infraestructura hidráulica (-96,2%), entre otras erogaciones.
Según pudo averiguar Ámbito, Vialidad Nacional estaría tratando de avanzar en el recapado de unas 120 rutas a lo largo del país, para lo cual se requeriría de unos $240.000 millones. Las cifras que se manejan en estos casos son muy importantes. En el caso de la Nación ese tipo de gasto explicaría el superávit fiscal de un mes, mientras que para una provincia de las más pobres es inviable.
Se sabe que Santa Fe estaba buscando financiamiento en Kuwait y en el Banco Europeo de Inversiones (BEI). San Juan por su lado consiguió fondos del BID para un tramo de la ruta 40 que la une con Mendoza y Jujuy dinero del BEI dinero para un punto de acopio para la gestión de residuos.
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