Fuente: La Gaceta.
raíz del proceso inflacionario que atraviesa la economía nacional, el tercer mes del año llegó con subas en distintos sectores, en detrimento de los bolsillos de las y los trabajadores. Los alquileres no quedaron al margen y aquellos inquilinos que cumplieron el primer o segundo año de contrato deberán enfrentar un aumento del 89,6%. En cambio, los que tuvieron que actualizarlo un mes atrás lo hicieron con un aumento del 86%. Por su parte, buscar un nuevo alquiler conlleva un costo de renovación mayor y, por ejemplo, quienes lo hicieron en febrero notaron subas de hasta un 100%.
En esta economía volátil y marcada por aumentos constantes, el Índice de Contratos de Locación (ICL) viene dando saltos del orden de casi cinco puntos porcentuales cada mes porque está incorporando el salto inflacionario y los ajustes paritarios de fin de año. Esta tendencia se profundizaría en los próximos meses del año.
Especialistas en la materia detallan que la aceleración en los aumentos de los alquileres concertados bajo la Ley de Alquileres -vigente desde 2020- obedece a que la fórmula de actualización tiene un rezago de hasta tres meses, por lo que para el cálculo del porcentaje de esta primera parte del mes se toma el 94,8% de inflación anual a diciembre y el 89,27% de la evolución salarial medida por el índice Ripte (Remuneración imponible promedio de trabajadores estables).
Efecto de la inflación En diálogo con LA GACETA, Fernando Guzmán, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, aseguró que mientras el proceso inflacionario siga sin control, la situación del mercado inmobiliario y los alquileres irá en detrimento. En relación a este panorama donde la demanda de viviendas es superior a la oferta, el referente del sector sostuvo que mientras persistan los altos índices inflacionarios los ciudadanos se verán imposibilitados de acceder a créditos hipotecarios, las constructoras no construirán y a los gobiernos se les dificultará entregar hogares. “Ante esto todo recae en los alquileres. Y si hoy tenemos que hablar del gran problema inmobiliario, tenemos que hablar de la inflación”, expresó Guzmán.
El titular del Colegio de Corredores Inmobiliarios analizó también que los niveles de actualización de los contratos están por debajo de la inflación. “El problema no es la actualización sino la inflación”, sostuvo el referente y remarcó que la fórmula establecida por el Banco Central de la República Argentina es un claro ejemplo de cómo aumentan los sueldos por debajo de otros precios.
Dentro de las variaciones que podrían experimentarse en este tema advierten que, mientras la inflación pasada sea más baja que la actual, la actualización de los alquileres va a ser algo menor que la marca interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC). E incluso, será más baja tras períodos en los que el promedio de los salarios de los empleados registrados perdió contra la inflación. En cambio, si la política económica del Gobierno nacional consigue hacer que los salarios suban por encima de la inflación y que la inflación empiece a disminuir la relación será inversa y producto de la fórmula actual veremos actualizaciones superiores al 100%.
Ausencia de mejoras La ley que regula los alquileres rige para todo el país desde hace dos años y medio, y desde su implementación no ha colmado las expectativas de propietarios e inquilinos. Ante los constantes cuestionamientos, el Congreso empezó a discutir reformas y, en junio del año pasado, los bloques del Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC) emitieron dictámenes para cambiar la ley actual.
Pero, desde entonces, el asunto está pendiente de discusión en el recinto porque las tensiones políticas entre ambos sectores no permiten que se encuentren puntos de coincidencia para sancionar una ley. En relación a esto, Guzmán es escéptico y no cree que este año pueda discutirse una nueva normativa.
“Creo que no hay ley que valga con esta economía porque con los niveles inflacionarios todo lo que se implemente será problemático. Actualmente, no hay ningún producto con precio congelado por un año como sí se estableció para los alquileres, y eso empuja a que haya contratos por fuera de la ley”, enfatizó el referente local.
El Juzgado Federal de Mendoza N°2 decidió eliminar como método de ajuste el UVA en un préstamo hipotecario que contrajo el demandante con el Banco Nación en 2017 y sobre el que la Justicia resolvió que pagaba un monto excesivo en relación a su salario.
En esa oportunidad, el denunciante contrajo el préstamo de $2.300.000 y pagó las cuotas durante al menos cinco -momento en el que se inicia el procedimiento judicial- y en el que debía $22.500.000 por ser un indicador que se ajusta mediante la inflación.
La demanda se realizó “con el objeto de requerir la readecuación del contrato oportunamente celebrado por haberse tornado de difícil cumplimiento, y la eliminación del índice de actualización en Unidades de Valor Adquisitivo (UVAs) sustituyéndolo por una tasa fija”.
Días después de que se conociera esta noticia, legisladores nacionales se hicieron eco y le solicitaron al presidente Alberto Fernández que convoque a una sesión especial para el 23 de marzo, con el objetivo de tratar una ley de renegociación de los contratos realizados con esos créditos.
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