Qué impacto tendrá el nuevo régimen naval en los costos logísticos

Infobae

La publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 340/2025 generó expectativas entre los actores del comercio exterior y la logística. Aunque la norma marca un cambio estructural para la Marina Mercante Nacional, su verdadera dimensión se medirá por su capacidad de revertir una situación crítica: los altos costos logísticos del transporte fluvial y marítimo, que hoy son hasta cuatro veces superiores al promedio regional.

El diagnóstico del decreto es claro: la normativa vigente encarece el sistema logístico, afecta la competitividad del comercio exterior argentino y debilita la conectividad en rutas clave. Con una flota nacional reducida, el país ha perdido presencia en sus propias vías navegables, lo que perjudica especialmente a las economías regionales.

Una cadena de costos que el decreto busca desarmar

Entre los puntos clave, la norma permite a los armadores nacionales suspender temporalmente la bandera argentina en sus buques por hasta diez años y operar con registros extranjeros más competitivos. Esta medida busca reducir costos operativos asociados a tripulación, mantenimiento y requisitos técnicos, sin que los buques pierdan su estatus nacional.

También se habilita la apertura excepcional del cabotaje a embarcaciones extranjeras cuando no haya oferta local disponible. Aunque controvertida a nivel gremial, esta disposición pretende evitar cuellos de botella y mantener el flujo de mercaderías.

El decreto elimina además la obligación de contratar tripulación exclusivamente a través de bolsas de trabajo gremiales y permite que cada armador defina la dotación mínima según estándares internacionales. Ambas medidas buscan flexibilizar las condiciones laborales y abaratar los costos operativos.

La burocracia como barrera de costos

La normativa anterior imponía trámites engorrosos, renovaciones anuales y demoras que afectaban la operatividad. El nuevo régimen establece un plazo máximo de diez días hábiles para trámites ante el Registro Nacional de Buques e introduce el principio de “silencio positivo”, agilizando habilitaciones y reduciendo costos de gestión.

También se flexibilizan requisitos técnicos para buques arrendados y se elimina la obligación de reparación exclusiva en astilleros nacionales, lo que amplía las opciones de contratación y mantenimiento.

Infraestructura flotante y servicios esenciales

El decreto permite instalar muelles flotantes privados en zonas donde los puertos carezcan de infraestructura suficiente. Esta medida puede mejorar la fluidez logística y reducir demoras y sobrecostos.

Además, se declaran esenciales todos los servicios de navegación fluvial y marítima vinculados al comercio exterior, como estiba, remolque, dragado y balizamiento. Se garantiza un mínimo del 75% de operatividad durante conflictos laborales, con el objetivo de evitar paralizaciones que encarezcan aún más las operaciones.

El desafío de la implementación

El nuevo régimen no asegura por sí solo una baja inmediata en los costos logísticos. Su impacto dependerá de la implementación efectiva, de la coordinación entre organismos, del equilibrio entre apertura y protección de la industria nacional, y de la capacidad del sector para adaptarse a las nuevas reglas.

En un contexto donde la logística se volvió un factor clave para la competitividad, estas medidas buscan corregir asimetrías históricas. Si se aplican con éxito, el transporte fluvial y marítimo podría recuperar protagonismo como alternativa eficiente frente a otros modos más costosos, con beneficios concretos para toda la cadena exportadora.