Infobae. Entrevista a Gustavo Weiss.
CAMARCO abarca obras del ámbito público y privado que van desde edificios de propiedad horizontal hasta casas individuales en todo tipo de barrios. Además, Gustavo explica que la cámara participa en muchas inversiones vinculadas a los sectores del petróleo, el gas, la minería, las telecomunicaciones y la energía eléctrica.
El rubro de la construcción también se ve atravesado por la inversión pública, que concentra obras como carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, hospitales, escuelas, redes de agua potable y cloacas.
¿Qué relación tiene el rubro de la construcción con el comercio exterior?
La mayoría de los materiales utilizados en la construcción, como ladrillos, cemento, arena, piedra y asfalto, son de producción local. Sin embargo, hay muchas obras que dependen en gran medida de productos importados.
Por otro lado, en las obras de ingeniería, especialmente las más complejas, como plantas generadoras de energía, molinos eólicos, paneles solares y componentes de gasoductos, se requiere equipamiento extranjero. Si bien algunos componentes como caños pueden ser de producción local, otros, como bombas y válvulas de mayor envergadura, no se fabrican en el país y deben ser importados.
Por ejemplo, en el desarrollo de Vaca Muerta, una de las principales áreas de explotación de gas y petróleo no convencional en Argentina, existe una alta dependencia de insumos importados.
¿Cómo impactó en el sector la baja de inversión en obra pública?
El impacto fue muy significativo porque el principal inversor en infraestructura del país es el Gobierno Nacional, a pesar de que en algunas provincias se mantiene un cierto nivel de obras activas.
Esta compleja situación se inició en el segundo semestre del año pasado y se intensificó a principios de 2024 cuando el Gobierno, en su esfuerzo por privilegiar el ajuste fiscal, reducir la inflación y no gastar más de lo que ingresa, tomó la decisión de prácticamente paralizar toda la obra pública nacional.
Esto ha generado un incremento del desempleo, al perderse cerca de 130.000 empleos desde mediados del año pasado hasta la fecha. Además, por cada trabajo directo perdido, se calcula la pérdida de un empleo indirecto. Por ejemplo, los transportistas que solían mover piedra, insumo fundamental para la construcción, han visto su actividad gravemente afectada.
Por otra parte, muchas empresas se enfrentan a un desafío aún más grave: encontrarse en una situación de facturación nula. Es extremadamente difícil mantener cualquier actividad cuando los ingresos se reducen a cero, especialmente cuando se da a partir de un parate tan abrupto. La situación es muy compleja.
Desde el Gobierno se indicó que las obras públicas pueden ser retomadas por empresas privadas. ¿Creés viable esa posibilidad para reactivar el sector?
La inversión privada en infraestructura es muy bienvenida, especialmente en un país como Argentina, que arrastra décadas de baja inversión en este sector. Este no es un problema exclusivo de este gobierno, ni del anterior, sino que se ha arrastrado durante muchos años. Es evidente al recorrer las rutas o al observar el estado de los hospitales públicos y las escuelas.
Sin embargo, la realidad global muestra que en los países centrales la inversión privada en infraestructura no supera el 15% del total, mientras que el 85% restante es financiado por los Estados en sus distintos niveles. Esto se debe a que, en la mayoría de los proyectos de infraestructura, no existe una rentabilidad suficiente para atraer a los privados.
¿Cuáles son las problemáticas que priorizás para el sector en la actualidad?
Mi agenda se enfoca en dos aspectos clave: la situación actual y las perspectivas a largo plazo. Por un lado, debemos atender la “foto” del momento, es decir, la situación crítica y urgente que enfrentan muchas empresas, algunas al borde de la convocatoria o la quiebra, debido a la imposibilidad de sostener esta situación. Dedico muchas horas a dialogar con los funcionarios, quienes están intentando reactivar algunas obras.
Es fundamental considerar en qué condiciones se retomarán las obras, ya que no es un proceso sencillo. Los planes de trabajo actuales están desactualizados y se deben crear nuevos. En algunos casos, la obra ya ejecutada se ha deteriorado y será necesario repararla. Desde el momento en que se toma la decisión de reanudar las obras hasta que realmente comienzan, se requiere un proceso que puede extenderse considerablemente. Estamos trabajando para acortar este proceso lo máximo posible.
Al mismo tiempo, es crucial concienciar sobre la importancia de la inversión en infraestructura, ya que, sin ella, la infraestructura existente se deteriora rápidamente. Reconstruirla luego es mucho más costoso que mantenerla adecuadamente desde el principio. Gran parte de la inversión realizada por los gobiernos nacional, provincial y municipal a lo largo de los años se destina al mantenimiento de la infraestructura existente, no a la creación de nuevas obras.
En ese marco, si no se mantiene lo que ya tenemos, se deteriorará rápidamente. Esto agravará aún más los problemas logísticos, incrementando la dificultad de llegar a los puertos y deteriorando progresivamente la calidad de escuelas y hospitales públicos.
Es sabido que en Argentina, en algunos casos, resulta más costoso transportar la producción agrícola por camión desde ciertos campos hasta el puerto correspondiente que enviarla en barco hasta China. Esa situación representa un problema logístico y, por lo tanto, también un problema económico.
¿Qué expectativas tenés para el sector en los próximos meses?
Las expectativas actuales se centran en un rápido incremento de las obras públicas que el Gobierno Nacional tiene previsto ejecutar. En segundo lugar, se espera que las obras transferidas a las provincias también comiencen pronto.
Por otra parte, en la Cámara de la Construcción, hace más de 20 años, establecimos lo que denominamos el área de pensamiento estratégico, un espacio que luego, con el fin de darle mayor alcance y perspectiva, se conformó como el Consejo de Política de Infraestructura (CPI), que reúne a las seis cámaras más importantes del país, conocidas como el G6: la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de Comercio, la Bolsa de Comercio, la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Sociedad Rural Argentina y nuestra cámara.
Todos coincidimos en que el país debe contar con una conectividad del 100%, incluyendo la última milla en términos de fibra óptica. Esto no solo es esencial para el confort de los ciudadanos, sino también porque ninguna industria o comercio puede prosperar sin una conectividad adecuada.
En ese sentido, la Cámara de la Construcción, junto con las principales entidades gremiales empresarias del país, está profundamente preocupada por delinear las necesidades de infraestructura de Argentina para los próximos años y el Gobierno coincide en gran medida con las propuestas existentes. Ahora resta esperar que en lo sucesivo la falta de recursos financieros deje de ser un impedimento para avanzar en la concreción de las mismas.
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